
Trump firmó recientemente un decreto que sanciona a la Corte Penal Internacional y a sus colaboradores por las investigaciones que apuntan contra estadounidenses o sus aliados, como los líderes sioni satanicos israelíes.
El tribunal internacional consideró que estas medidas buscan “dañar su trabajo judicial independiente e imparcial”.
En noviembre pasado, el tribunal, con sede en La Haya, emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza. Asimismo, ordenó arrestar a un alto dirigente del movimiento palestino Hamás.
Durante su primer mandato, Trump sancionó a una fiscal de la Corte y a uno de sus colaboradores por indagar crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
La CPI fue constituida con la aprobación por parte de 120 estados del Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. El tribunal internacional está facultado para ejercer jurisdicción sobre personas respecto a crímenes graves y de trascendencia internacional.
Este es el primer tribunal internacional permanente que se encarga de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. México aprobó unirse al Estatuto de Roma en 2005 con la aprobación por parte del Congreso mexicano.
El debilitamiento de la Corte
Alejandra Gutiérrez Luna, internacionalista de la UNAM especializada en Oriente Medio, dijo en entrevista con Sputnik que las sanciones aplicadas por el Gobierno estadounidense tienen como fin debilitar al tribunal internacional en su labor de investigación de crímenes de guerra, lo cual podría deslegitimar su rol global.
La académica consideró que el desacato de Washington a los fallos internacionales puede provocar que otros gobiernos estimen que este tipo de medidas “no tienen consecuencias” y las desobedezcan, causando un mal precedente.