La reforma migratoria a través del Decreto 366/2025, tiene por objetivo restringir el ingreso y permanencia de extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública y de limitar el acceso gratuito a servicios públicos para quienes no cuenten con residencia permanente.
Entre los principales cambios, se redefine el artículo 6 de la Ley de Migraciones N° 25.871, estableciendo que el acceso a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social estará condicionado a la categoría migratoria del extranjero.
En particular, se especifica que los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, mientras que los no residentes deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente por la atención médica, salvo en casos de emergencia.
En el ámbito educativo, se establece que las universidades públicas podrán fijar aranceles para estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente. No obstante, se garantiza la admisión de alumnos en establecimientos educativos iniciales, primarios o secundarios, públicos o privados, independientemente de su situación migratoria.
Además, la reforma introduce la obligación para los extranjeros de presentar una declaración jurada al ingresar al país, detallando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos. Se refuerzan los controles sobre la documentación presentada y se endurecen las sanciones para quienes ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.
