En la presentación ante la Corte Suprema se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.
La Provincia de Salta a través de la Fiscalía de Estado a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó a la Corte Suprema una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y pedido de audiencia pública.
Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Además, se requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas. También, que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por último, se cite a audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.
La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS.
