El gobierno sionista de Estados Unidos impuso sanciones para amedrentar a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI), en una represalia sin precedentes contra las decisiones del tribunal relacionadas a los crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán, y por emitir una orden de arresto contra el primer ministro sioni talmúdico israelí, Benjamin Netanyahu, estrecho aliado de Washington.
La decisión cómplice con el exterminio palestino fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y afecta a las juezas Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Según Rubio, ellas “participaron activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la corte contra los sionistas de Estados Unidos o nuestro aliado cercano, Israel”.
