De los $475 millones de 2021 a los casi $5.500 millones de 2025. El costo del sistema de Boleta Única Electrónica se multiplicó y volvió a poner bajo la lupa una contratación que desde hace años tiene como protagonista a Magic Software Argentina (MSA).
En Salta, votar mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) se ha convertido en una de las contrataciones más importantes y costosas de la organización electoral provincial. Desde hace años, la empresa Magic Software Argentina (MSA) que introdujo el ex gobernador de Salta Juan M. Urtubey por el loby de Eduardo Elztain ocupa un lugar central en la prestación de este servicio. Y mientras la tecnología avanza y los discursos oficiales destacan sus supuestas ventajas, hay una cuestión que merece una discusión mucho más profunda: ¿cuánto le cuesta realmente este sistema a los salteños y qué garantías ofrece a cambio de semejante inversión?
Los números son contundentes.
En 2021, la oferta presentada por MSA para prestar el servicio electoral fue de $474.964.880. En 2023, el costo rondó los $990 millones, mientras que para las elecciones provinciales de 2025 la contratación alcanzó una cifra cercana a los $5.500 millones.
La evolución de estos montos obliga a formular preguntas que no deberían incomodar a ninguna institución democrática: ¿cómo se determinan los precios?, ¿qué controles existen sobre los costos?, ¿por qué la competencia empresarial parece no existir?, ¿qué impide que el Estado provincial evalúe alternativas menos onerosas?
UNA CONTRATACIÓN QUE SE REPITE
Uno de los aspectos más llamativos del modelo salteño es la continuidad de MSA como prestadora del servicio.
En marzo de 2021, durante el proceso licitatorio para las elecciones provinciales, la empresa fue la única oferente. Su propuesta económica superó incluso el presupuesto originalmente asignado por el Tribunal Electoral, que ascendía a $321,2 millones. La oferta fue de casi $475 millones.
En 2025 volvió a repetirse una situación similar: MSA fue nuevamente la única empresa que se presentó a la licitación.
Esta circunstancia no constituye, por sí sola, una irregularidad administrativa. Sin embargo, plantea un problema de competencia que merece explicaciones públicas.
Cuando una contratación de semejante magnitud recae reiteradamente en un único proveedor, el Estado debería extremar los mecanismos de transparencia, justificar los precios y demostrar que está obteniendo las mejores condiciones posibles.
La pregunta es inevitable: ¿existe una verdadera competencia por prestar el servicio o Salta quedó atrapada en una dependencia tecnológica de un proveedor privado?
El propio secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finkelstein, reconoció en marzo de 2025 que no tenía una respuesta para explicar por qué ninguna otra empresa se presentaba a las licitaciones.
Una respuesta que, lejos de cerrar el debate, lo profundiza.
EL COSTO QUE CRECE Y LA NECESIDAD DE EXPLICACIONES
La comparación de las cifras permite dimensionar la magnitud económica del problema.
En apenas cuatro años, el costo nominal pasó de aproximadamente $475 millones a casi $5.500 millones.
Es cierto que la inflación argentina debe considerarse al analizar la evolución de los contratos. También deben compararse las prestaciones incluidas, la cantidad de electores, las terminales utilizadas y las condiciones técnicas de cada elección.
Pero esas aclaraciones no eliminan la obligación de transparentar el gasto.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se paga por cada componente del servicio, qué parte corresponde al alquiler de terminales, cuánto cuesta el software, qué valor tienen las boletas electrónicas, cuánto se destina al soporte técnico y qué monto corresponde al escrutinio provisorio.
No alcanza con publicar una cifra global y justificarla mediante referencias generales a la inflación.
Cuando se utilizan miles de millones de pesos de fondos públicos, la rendición de cuentas debe ser mucho más detallada.
LA TECNOLOGÍA NO PUEDE REEMPLAZAR LA TRANSPARENCIA
El debate tampoco puede reducirse exclusivamente al dinero.
La cuestión central de cualquier sistema electoral es garantizar que cada ciudadano pueda votar libremente y que su voluntad sea respetada, registrada y controlada.
La incorporación de tecnología no constituye automáticamente una garantía de transparencia.
Por el contrario, exige mecanismos de auditoría independientes, controles accesibles para los partidos políticos y posibilidades reales de verificar que el resultado electrónico coincida con la voluntad expresada por los ciudadanos.
La pregunta fundamental es quién controla la tecnología, quién puede auditar el software y hasta qué punto los fiscales y ciudadanos tienen herramientas suficientes para verificar el funcionamiento integral del sistema.
La confianza democrática no puede depender exclusivamente de la palabra de una empresa proveedora ni de la explicación técnica de los organismos que administran la elección.
Debe existir evidencia verificable.
¿POR QUÉ SALTA NO DISCUTE OTRAS ALTERNATIVAS?
Otro aspecto que merece atención es la continuidad del sistema frente a la aparición de alternativas electorales.
La Boleta Única de Papel, implementada en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, abrió una nueva posibilidad de discusión sobre los costos, la fiscalización y la organización de los comicios.
Este modelo permite que todas las agrupaciones políticas estén representadas en una misma papeleta, que el elector marque su elección y que el recuento se realice sobre los votos físicos.
No necesita contratar terminales electrónicas de votación ni depender de una empresa privada para operar los equipos.
Esto no significa que la Boleta Única de Papel esté exenta de dificultades o que garantice por sí sola elecciones perfectas. Pero sí representa una alternativa que merece una evaluación técnica, económica y democrática seria.
¿Por qué Salta continúa sosteniendo un sistema considerablemente costoso cuando existen otros modelos utilizados en el país?
¿Por qué no se publica una comparación oficial de costos entre ambos sistemas?
¿Por qué no se abre un debate público con universidades, especialistas en informática, organizaciones civiles, partidos políticos y organismos de control?
Son preguntas que deberían formar parte de una discusión institucional y no quedar limitadas a los períodos electorales.
LA DEMOCRACIA TAMBIÉN DEBE RENDIR CUENTAS
El sistema electoral no pertenece a una empresa, a un gobierno ni a una estructura administrativa. Pertenece a la ciudadanía.
Por eso, la discusión sobre el voto electrónico en Salta no debería interpretarse como una disputa entre quienes están a favor o en contra de la tecnología.
Se trata de discutir cómo se administra el dinero público, qué garantías existen para proteger el sufragio y por qué una contratación de semejante magnitud permanece durante tantos años bajo las mismas condiciones de dependencia empresarial.
No se trata de afirmar que hubo fraude ni de atribuir irregularidades sin pruebas. Se trata de exigir explicaciones, documentación y controles independientes.
Porque cuando una contratación electoral pasa de cientos de millones a miles de millones de pesos, cuando una misma empresa se convierte en proveedora recurrente y cuando la competencia en las licitaciones resulta prácticamente inexistente, el silencio institucional deja de ser una respuesta aceptable.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿el voto electrónico en Salta es la mejor herramienta para garantizar la voluntad popular o se ha convertido en un sistema demasiado costoso que el Estado ya no se atreve a discutir?
La democracia no solamente necesita elecciones. Necesita elecciones transparentes, fiscalizables y económicamente justificadas.
Y ningún sistema tecnológico, por moderno que parezca, debería quedar exento de esa exigencia.
